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Las nuevas zonas del ORA que han entrado en vigor este miércoles presentan un aspecto bastante pesimista, en muchas calles mostrando la gran mayoría de las plazas vacías. Probablemente sea cuestión de tiempo que los residentes de las nuevas zonas aún no hayan sacado su tarjeta de estacionamiento, lo cierto es que como comienzo no se puede hablar de que la medida haya causado una gran acogida por los ciudadanos.
La ampliación a 3.661 plazas de la Zona ORA que fue aprobada por el gobierno del Partido Popular ha entrado en vigor este miércoles 1 de junio. Romper el contrato firmado tendría un coste para el Ayuntamiento de entre 5.5 a 8 millones de euros. En este sentido, es la empresa concesionaria 'Setex-Aparki' la encargada para la explotación de la Zona ORA en 2014, como se puede comprobar en el pliego de contratación.
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El desglose de este coste mínimo de 5.5 millones de euros que supondría no haber ejecutado esta ampliación del ORA es el siguiente: 4.2 millones de euros de devolución del canon; 1.1 millones de euros de 'lucro cesante' y 200.000 euros de daños y perjuicios equivalentes, como mínimo, a la inversión realizada por la empresa adjudicataria. Fuentes municipales apuntan que este desglose podría haberse incrementado con otros conceptos hasta llegar a la cifra de 8 millones de euros.
El Gobierno local recuerda que “por responsabilidad institucional ha sido imposible romper este contrato, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar estos costes máxima si tenemos en cuenta que estamos inmersos en un Plan de Ajuste y fiscalizados por el Ministerio de Hacienda”.
La ampliación a 3.661 plazas de la Zona ORA que fue aprobada por el gobierno del Partido Popular ha entrado en vigor este miércoles 1 de junio. Romper el contrato firmado tendría un coste para el Ayuntamiento de entre 5.5 a 8 millones de euros. En este sentido, es la empresa concesionaria 'Setex-Aparki' la encargada para la explotación de la Zona ORA en 2014, como se puede comprobar en el pliego de contratación.
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El Gobierno local recuerda que “por responsabilidad institucional ha sido imposible romper este contrato, ya que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para afrontar estos costes máxima si tenemos en cuenta que estamos inmersos en un Plan de Ajuste y fiscalizados por el Ministerio de Hacienda”.