Golpe a Fraude Millonario en Hidrocarburos: Desarticulada Red Criminal y Fabricación Clandestina de Armas
La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una presunta organización criminal responsable de uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de hidrocarburos, con un perjuicio estimado cercano a los 300 millones de euros. La operación ha conllevado la incautación de bienes de lujo, dinero en efectivo, combustibles y el bloqueo de activos financieros significativos. Paralelamente, se descubrió una fábrica clandestina de armas de fuego y munición de guerra.
Investigación Iniciada por Movimientos Económicos Sospechosos
La investigación arrancó a principios de 2023 ante la detección de movimientos económicos anómalos en empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, sugiriendo posibles actividades de blanqueo de capitales. Se identificaron dos operadoras petrolíferas que, aparentemente, eludían sistemáticamente sus responsabilidades fiscales, en particular el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Las indagaciones iniciales apuntaron a la existencia de una única estructura criminal orquestando estas operaciones ilegales, lo que generaba una considerable inquietud en otras empresas del sector.
Estrategias de Precios Irrisorios Mediante Evasión Fiscal
La organización criminal lograba ofrecer carburantes a precios considerablemente inferiores al valor de mercado. Esta estrategia se basaba en dos pilares fundamentales: el impago del IVA repercutido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), lo que les permitía vender gasolina y gasóleo a precios ventajosos a empresas intermediarias y estaciones de servicio, y el incumplimiento de la normativa sectorial referente a biocarburantes. La omisión del pago compensatorio obligatorio por no utilizar biocombustible representó un fraude adicional cercano a los 40 millones de euros. Estas prácticas les otorgaban un margen económico considerable para subsidiar precios.
Uso de Depósitos Fiscales Propios y Estructura Jerárquica
Los investigadores constataron que la red criminal operaba con un depósito fiscal propio para el almacenamiento de combustible, una práctica inusual en el sector, donde lo habitual es recurrir a servicios de terceros. La organización demostró vocación de continuidad, utilizando los beneficios ilícitos de un primer operador petrolífero para establecer y registrar un segundo, y posteriormente, un tercer operador fraudulento. Este último fue dado de baja del Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (REDEF) antes de que el fraude alcanzara dimensiones delictivas mayores.
La estructura de la organización se caracterizaba por una clara jerarquía. En la cúspide se encontraban dos socios principales, quienes dirigían a los directivos financieros encargados de la gestión contable y el control de las cuentas. En los niveles inferiores, se encontraban empleados, muchos de los cuales supuestamente desconocían la naturaleza ilícita de las operaciones.
Testaferros y Operación de Registro con Múltiples Intervenciones
Fuera de la estructura jerárquica directa, operaban testaferros. Estas personas prestaban su identidad para figurar como responsables de las obligaciones tributarias de los operadores petrolíferos. Se estima que uno de estos testaferros llegó a percibir retribuciones cercanas a los 2 millones de euros. La culminación de la investigación se materializó el pasado 2 de diciembre, con la ejecución de nueve registros simultáneos en domicilios y oficinas en Madrid y Ávila. Durante estas intervenciones, se incautaron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo con un valor aproximado de 2 millones de euros y activos financieros superiores a 14 millones de euros. Adicionalmente, se bloquearon cuentas bancarias con más de 12,5 millones de euros, se intervinieron más de 3,6 millones de litros de combustible, 60 vehículos de alta gama valorados en más de 3 millones de euros y 46 inmuebles con un valor superior a 5 millones de euros.
Imputaciones Penales y Delitos Asociados
A los ocho detenidos y a los investigados se les imputan delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. A uno de los líderes se le añade la imputación por tenencia ilícita de armas, en relación con la fábrica clandestina descubierta.
